COMUNICADO DEL CONSEJO GENERAL DE LA PSICOLOGÍA EN EL 20º ANIVERSARIO DE LA LEY DE VIOLENCIA DE GÉNERO

Desde el Consejo General de la Psicología queremos poner en valor el trabajo conjunto de todas las instituciones en la lucha contra las violencias machistas y, especialmente, destacar la labor encomiable de miles de psicólogas y psicólogos en primera línea contra las violencias machistas, desde los servicios de emergencia, la recuperación integral de mujeres y menores, la reeducación de agresores, la prevención y sensibilización social, y hasta la labor en la formación a profesionales diversos para introducir una necesaria y esencial visión psicológica al estudio, atención y tratamiento de la violencia.

De la misma forma, queremos manifestar nuestra preocupación por las carencias que persisten en la atención psicológica a las víctimas de esta lacra social. En 2022, con la entrada en vigor de la Ley de Libertad Sexual, varios artículos de la norma de 2004 se vieron modificados para actualizarlos y ampliar el alcance de esta, como el artículo 17, en el que se garantiza el derecho de las víctimas en materia de atención psicológica; o el 19, en el que se obliga a garantizar la atención psicológica en el Sistema Público de Salud. Aun así, el desarrollo ha sido desigual entre los distintos territorios del Estado y las prestaciones en materia de psicología no está garantizada de manera uniforme y accesible en todo el sistema de atención y protección. La atención psicológica es un derecho esencial para conseguir la recuperación integral de las víctimas y la salida de la situación de violencia, y por ello debe ser prioritario en las agendas públicas y políticas.

 Entre las principales deficiencias, queremos destacar:

1. Garantizar la atención psicológica inmediata

También, la defensa de la necesidad de garantizar la continuidad del personal de psicología que iniciando una intervención psicológica ve finalizado su contrato y, por tanto, cortando los procesos terapéuticos aún no finalizados. Dejar a las mujeres sin sus psicólogas o psicólogos no solo rompe la alianza terapéutica, sino también la confianza de las mujeres en las instituciones y aumenta el riesgo de abandono del sistema.

2. Falta de profesionales de la psicología en los centros de atención primaria

La atención primaria debería ser una de las primeras puertas de entrada al sistema de protección para las mujeres víctimas de violencia de género. Sin embargo, la ausencia de profesionales de la psicología en estos espacios supone una grave limitación para brindar apoyo especializado. Nuestra intervención podría ser clave para acompañar a las mujeres en momentos críticos, como el mantenimiento de la denuncia y la intervención en crisis.

3. Insuficiente presencia en el ámbito educativo

El sistema educativo también es un ámbito esencial para la prevención de la violencia de género. La comunidad educativa está saturada y la falta de psicólogos y psicólogas en las escuelas impide desarrollar programas de sensibilización y prevención efectivos desde las primeras etapas. La sociedad requiere de profesionales de la conducta para abordar desde dentro del sistema educativo todas aquellas esferas de la vida de la infancia y de la adolescencia que no se están trabajando, y que ponen en riesgo su desarrollo personal, social y relacional.

4. Atención psicológica a menores, hijas e hijos de mujeres víctimas de violencia

Es indispensable garantizar la atención psicológica especializada a los y las menores expuestos a la violencia de género. No son solo testigos, sino víctimas directas que requieren apoyo psicológico urgente y adecuado a sus necesidades. Es esencial abordar la violencia vicaria desde una mirada psicológica para garantizar la protección de la infancia.

Desde el Consejo General de la Psicología, reiteramos que solo las y los profesionales de la psicología están capacitadas para brindar la atención psicológica necesaria en estos contextos. Por ello, instamos a las administraciones públicas a:

·      Garantizar la atención psicológica inmediata, con estabilización del personal y garantía de atención continuada.

·      Incorporar psicólogos y psicólogas en los centros de salud de atención primaria.

·      Incorporar profesionales de la psicología en el sistema educativo para trabajar en prevención y sensibilización.

·      Garantizar la atención psicológica integral a los menores víctimas de violencia de género, y también a hijos e hijas mayores de edad.

·      Garantizar que los fondos públicos destinados a formación son destinados a programas formativos donde sus ponentes tienen la cualificación avalada por colegios profesionales. No todo el mundo, ni todas las profesiones pueden formar y sensibilizar sobre violencia.

A dos décadas de la aprobación de una ley pionera y necesaria, es hora de avanzar en la dotación de recursos humanos y técnicos que aseguren una atención psicológica especializada, accesible y de calidad para todas las víctimas.

Consejo General de la Psicología

Diciembre de 2024

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